El 15 de noviembre se realizará la audiencia pública en la que el demandante presentará y justificará las pruebas con las que pretende demostrar que Lozada ‘constriñó y chantajeó’ a los habitantes de Teruel para que votaran por una candidata a la Alcaldía.
El representante a la Cámara por el Huila, Jaime Felipe Lozada, es señalado de estar inmerso en una de las causales de incompatibilidades para el ejercicio del cargo de congresista que señala la Ley 5 de 1992. “Los congresistas no pueden gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuestas personas, contrato alguno, con las excepciones que establezca la ley”.
La demanda, interpuesta por Eris Sánchez, se basa en hechos ocurrido en el 2015. La acción de pérdida de investidura que ampara la demanda se relaciona con unas afirmaciones que realizó Lozada ante algunos habitantes de Teruel, en las que presenta un balance de su gestión, y exalta las virtudes de la candidata a la alcaldía, Yelitza Fierro, de quien dice deba ganar en las elecciones de octubre (2015) para garantizar que se lleven a cabo algunos proyectos de inversión.
Según el accionante, en dicha reunión, Lozada “chantajea y condiciona a esa humilde comunidad rural diciendo que deben de entender que esa gestión (la del congresista) solo se hace realidad si tiene alcaldesa amiga”.
Para Sánchez Medina, lo planteado por Lozada “quiere decir que todo eso lo hace realidad si votan por la candidata a la Alcaldía amiga de él, de lo contrario pues no lo hará, siendo esto un claro chantaje con la indebida influencia de su investidura”.
Y añade que “si bien es cierto que no les está prohibido a los congresistas hacer proselitismo político por los candidatos de su partido, sí les está prohibido a todo servidor público hacer política con recursos públicos”.
Audiencia
Luego de un año de admitido el estudio de la demanda, el Consejo de Estado fijó para el próximo 18 de noviembre la realización de la audiencia pública en la que las partes podrán presentar sus argumentos. A partir de ahí el magistrado encargado del caso, Guillermo Sánchez, deberá empezar a proyectar la sentencia.
Durante el proceso, la defensa de Lozada intentó declarar nulas las pruebas radicadas con la demanda, no obstante dicha solicitud fue denegada.
Por Jerson Ortiz – Opanoticias
