#EDITORIAL | Semillas para el campo: diálogo antes que sanciones – En Colombia necesitamos abrir una conversación seria, amplia y respetuosa sobre el futuro de las semillas que utilizan nuestros campesinos.
El planteamiento del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, frente a la necesidad de fortalecer el uso de semillas certificadas abre un debate que no puede resolverse únicamente desde los escritorios de las instituciones. Es un asunto que toca directamente la economía familiar campesina, la seguridad alimentaria, la productividad y una práctica que durante generaciones ha acompañado a nuestros agricultores: seleccionar de cada cosecha los mejores granos para volverlos a sembrar.
Desde Centro Noticias Huila consideramos que este momento debe convertirse en una oportunidad para dialogar, no para generar confrontaciones.
Por eso hacemos un llamado respetuoso a los líderes agrarios, asociaciones de productores, gremios, autoridades locales, investigadores y representantes del Gobierno Nacional para que, con carácter urgente, promuevan una mesa de trabajo en la que puedan analizarse las implicaciones de cualquier cambio normativo relacionado con las semillas de arroz, maíz, sorgo, algodón y demás cultivos.
El objetivo debe ser claro: proteger la calidad sanitaria y genética de las semillas, pero al mismo tiempo garantizar que las normas no terminen convirtiéndose en una barrera imposible de cumplir para los pequeños productores.
Colombia ya tiene un antecedente que debería servirnos para aprender. En 2011, en Campoalegre, Huila, el ICA reportó el sellamiento de 60 toneladas de semillas de arroz que, según la entidad, no cumplían los requisitos establecidos para ser utilizadas como material de siembra. El episodio generó un fuerte impacto entre los productores y se convirtió en uno de los casos más recordados cuando se habla del debate nacional sobre las semillas. (Instituto Colombiano Agropecuario)
Es importante también poner los hechos en contexto. La conocida Resolución 970 de 2010 fue posteriormente derogada por la Resolución 3168 de 2015. Además, el propio ICA sostuvo en su momento que la regulación contemplaba mecanismos de reserva de semilla para determinados agricultores y que las semillas nativas, regionales o criollas no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de aquella resolución. (Normograma INVIMA)
Precisamente por eso, el debate actual debe hacerse con información completa y sin repetir errores de comunicación que terminen enfrentando al Gobierno con los campesinos.
La discusión no debería ser semilla certificada contra semilla campesina.
La discusión debería ser cómo construimos un sistema en el que ambas realidades puedan coexistir.
El campesino necesita semillas de calidad, pero también necesita poder conservar conocimientos, variedades adaptadas a sus territorios y mecanismos que le permitan seleccionar material de sus propias cosechas dentro de reglas claras, sencillas y proporcionales.
También resulta fundamental diferenciar al pequeño productor que conserva semilla para su propio cultivo de quienes producen o comercializan semillas a gran escala. No puede tener el mismo tratamiento regulatorio un campesino que selecciona los mejores granos de su cosecha para volverlos a sembrar que una empresa dedicada profesionalmente a la producción y comercialización de material de siembra.
Por eso proponemos que cualquier nueva regulación sea construida escuchando primero a quienes trabajan la tierra.
Que se sienten en una misma mesa el Ministerio de Agricultura, el ICA, Fedearroz, las asociaciones campesinas, productores independientes, investigadores, universidades, gobernaciones y alcaldías de las principales regiones agrícolas del país.
Que se estudie técnicamente qué semillas pueden conservarse, reproducirse e intercambiarse; cuáles requieren controles sanitarios especiales; cómo proteger las variedades tradicionales; cómo garantizar la trazabilidad y calidad; y, sobre todo, cómo evitar que un pequeño agricultor termine enfrentando procesos administrativos o judiciales por una práctica ancestral que ha hecho parte de la agricultura colombiana durante generaciones.
Desde Huila, una región profundamente ligada al arroz y a la producción agrícola, hacemos este llamado al ministro Indalecio Dangond: escuche al campesinado antes de cerrar cualquier decisión normativa sobre semillas.
Y hacemos igualmente un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que su Gobierno abra este espacio de diálogo con los productores y garantice que las decisiones sobre el campo se construyan con ellos y no solamente para ellos.
El campo colombiano necesita productividad, tecnología, investigación, asistencia técnica, crédito y mercados. Pero también necesita confianza.
La modernización del agro no puede significar desconocer la experiencia de quienes han cultivado la tierra durante décadas.
La semilla no es solamente un insumo agrícola. Para miles de familias campesinas representa conocimiento, patrimonio productivo y continuidad.
Por eso, antes de imponer nuevas obligaciones, construyamos acuerdos.
La mejor política para el campo será aquella que combine ciencia y tradición, calidad y acceso, productividad y derechos del pequeño productor.
Desde Centro Noticias Huila creemos que todavía estamos a tiempo de sentarnos a conversar.
Porque Colombia necesita semillas de calidad, pero también necesita que sus campesinos puedan seguir sembrando.
Centro Noticias Huila
Integración Regional Informativa
