Graves problemas de corrupción en el manejo del programa de Alimentación Escolar, descubrió la Fiscalía General de la Nación en el Huila, no se descartan capturas.
Según se informó, la operación “Guane Fase 1” llevó a investigadores del ente acusador, a develar una serie de prácticas delictivas por parte de quienes administran los restaurantes escolares, afectando el funcionamiento del programa que busca evitar la desnutrición de los niños más pobres que asisten a las escuelas y colegios en el departamento.
Entre las prácticas indebidas descubiertas a los operadores contratados, figuran el indebido direccionamiento de los contratos por parte de los funcionarios otorgantes, poniendo en los pliegos de condiciones unos requerimientos orientados a favorecer la contratación de empresas cuyo comportamiento operacional deja mucho que desear.
También se encontró que se han firmado contratos y suministros con proveedores ficticios, lo cual denota la intensión por parte de los operadores de quedarse con buena parte del dinero destinado a proveer a los estudiantes huilenses. Los investigadores relataron que, al verificar los datos de contacto, se hicieron llamadas telefónicas o se visitaron los domicilios, pero estos son en su mayoría inexistentes.
Uno de los municipios donde se detectaron graves irregularidades es Tarqui en donde se contrató la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por veinte millones de pesos ($20.000.000), encontrando con posterioridad que ésta agrupación está inactiva desde hace varios años, consultados los directivos por su relación con la empresa contratista, estos aseguraron no conocer a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que fue quien supuestamente los contrató.
En Algeciras los proveedores de la Alimentación Escolar compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal, mientras que en Suaza se pagaron doscientos noventa millones de pesos ($290.000.000) a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras, incumpliendo los requisitos legales para hacerlo.
La policía judicial de la Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga, por lo que, tras identificar a los responsables, se anunció que operativos para extinguir el título de dominio y la aprensión de los responsables se producirán pronto.
