Opinión De Mario Benedicto Parra: Los disparates del ministro de Agricultura – Es absurdo que se pretenda prohibir la palabra “campesino” aduciendo que es peyorativa e indigna. Es como si a una persona de avanzada edad no se le pudiera decir “viejo” porque sonaría a insulto.
La discusión no debería ser cómo llamarlos – “pequeños empresarios del campo o campesinos”-; el asunto no es de semántica, de enfrascarnos en discusiones lingüísticas, sino en que la actividad agropecuaria sea rentable económicamente, que los campesinos tengan acceso a créditos justos, que la inversión pública contenga mecanismos presupuestales para subvencionar a los agricultores y se elimine la intermediación abusiva, entre otros tantos temas.
Creo que hay mala intención en esta paronimia o juego de palabras. Lo que se pretende es invisibilizar al campesino que debería estar siempre en el centro de la política agraria. Con esta jugadita puede acontecer que el crédito, los subsidios, las políticas de apoyo y las medidas de estímulos e incentivos se dirijan solamente a los terratenientes y a los productores de mayor capacidad económica lo que terminará produciendo más desigualdad y exclusión.
Acertadamente, el pasado 23 de septiembre un juez le ordenó al ministro de Agricultura ofrecer disculpas públicas tras haber afirmado que el término campesino es “despectivo”. Pretender eliminar esta palabra de la terminología oficial, es una ofensa al campesino y a su reconocimiento como sujeto de derechos y de especial protección constitucional según el Acto Legislativo 01 de 2023 que modificó el artículo 64 de la Constitución Política para otorgarle este reconocimiento al campesinado. Este logro histórico protege los ámbitos económicos, social, cultural, política y ambiental de las comunidades campesinas que el gobierno debe aplicar y ejecutar para evitar que el artículo 64 se reduzca a mera retórica constitucional o letra muerta.
Tras su brillante propuesta de sustituir la palabra campesino por pequeños empresarios del campo, conviene sugerirle al ministro -tan versado en asuntos rurales desde sus columnas de opinión- la lectura de Siervo sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón, para que identifique a un auténtico campesino de verdad, sobre todo, de aquellos que no poseen siquiera una hectárea de tierra. ¿Cómo los llamaría el ministro, pequeños empresarios o esclavos de terratenientes? De acuerdo con informes de Oxfam en Colombia el 1% de los mayores propietarios controla el 70% de la tierra rural disponible, lo que refleja una de las estructuras de desigualdad en la tenencia de la tierra más altas del mundo.
Poco después aparece el ministro con otro disparate: “No siembren arroz, no es rentable; siembren marañón ¿Por qué sembrar arroz si podemos sembrar marañón?” La respuesta es simple, dejar de producir arroz compromete la seguridad alimentaria de los colombianos. Decirle, por ejemplo, a un agricultor de Campoalegre – Huila, con total desparpajo e indiferencia que abandone el cultivo de arroz; actividad a la que ha dedicado décadas de su vida trabajando, que ha implicado experiencia en la producción de arroz, la adquisición y compra de maquinaria agrícola -tractores, combinadas-, estudios de suelos, infraestructura, agua, riegos, etc., sea la solución para resolver los problemas del sector arrocero. El campo requiere con urgencia políticas públicas sensatas, respaldas en la objetividad problemática de los campesinos, de los empresarios agropecuarios y no disparates ni tonterías. Es evidente e innegable que el arroz es un componente esencial de la alimentación diaria de los colombianos.
El campesino está a la altura de cualquier profesional o empresario del campo y merece respeto y agradecimiento por su labor para poner el alimento en nuestra mesa.
¡Hasta pronto!
