Alcalde de Pitalito firmó convenio con la Fiscalía General de la Nación para implementar una sala de atención al usuario

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Una nueva sala de atención al usuario de la Fiscalía General de la Nación – puntos de autogestión, corresponde a un modelo de misión y atención a la ciudadanía en respuesta a la necesidad de ampliar mecanismos de contactos y acceso a la justicia.

El alcalde Edgar Muñoz Torres, junto a Dairo Fernando Herrera Iglesias, director de fiscalías para el departamento del Huila, realizaron la firma de un convenio de cooperación para la implementación de acciones conjuntas por intermedio del alcalde, como primera autoridad del Municipio, que busca el fortalecimiento territorial y el acceso a la justicia a través de la gestión y el apoyo a los usuarios en la operación de los denominados Puntos de Autogestión, como un modelo de atención a la ciudadanía en respuesta a la necesidad de ampliar mecanismos de contacto y denuncia.

Este punto de atención estará ubicado en la sala de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Nación instalada en el municipio de Pitalito, con el propósito de garantizar el desarrollo de la recepción autónoma de denuncias, además de contar con un gestor provisto por la alcaldía, capacitado en la misionalidad de la entidad.

El Puesto de Autogestión de la Fiscalía General de la Nación dependerá de la Dirección de Atención al Usuario Intervención Temprana y Asignaciones, y estarán sujetos al Manual de Atención al Usuario vigente, así como a otros lineamientos que se impartan dentro del Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de Información.

Lo anterior es para motivar a la ciudadanía a denunciar y contribuir a la lucha contra el delito y la impunidad.

Esta articulación, además, va ligada al Plan de Desarrollo Municipal – Pitalito, Región Que Vive, en la línea estratégica denominada “Pitalito modelo de gestión articulado con la región para la seguridad y la vida”, que tiene como producto la promoción de denuncia de hechos punibles por la comunidad, lo cual se articula con las políticas trazadas por el gobierno nacional y regional para garantizar que toda política de convivencia y seguridad ciudadana se incorporen con un enfoque de derechos, pensando tanto en las afectaciones que sufre el ciudadano a causa de la inseguridad como en materia de prevención del delito.