En tiempos electorales, la información se convierte en una herramienta de enorme poder. Una encuesta puede influir en decisiones, generar percepciones sobre la favorabilidad de un candidato y moldear, incluso, el rumbo de una conversación política. Por eso, publicar o compartir resultados de encuestas no puede tomarse como un juego ni como una simple estrategia para generar interacción en redes sociales.
Desde los medios de comunicación, hacemos un llamado respetuoso pero contundente a periodistas, administradores de páginas, creadores de contenido, dirigentes políticos y a la comunidad en general: abstengámonos de elaborar, publicar, difundir o compartir encuestas políticas que sean falsas, manipuladas o que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
La Ley 2494 del 23 de julio de 2025, vigente desde el 1.º de noviembre de 2025, establece disposiciones frente a las encuestas y sondeos electorales y contempla consecuencias para quienes incurran en conductas prohibidas relacionadas con la elaboración o difusión de información falsa o irregular con capacidad de afectar la opinión pública.
No se trata solamente de una cuestión jurídica. Es, ante todo, un asunto de responsabilidad con la democracia y con la ciudadanía.
Una encuesta inventada puede parecer una publicación inofensiva, una pieza de humor o una estrategia para medir opiniones. Sin embargo, cuando se presenta como un estudio real, puede engañar a miles de personas, alterar percepciones y terminar convirtiéndose en un instrumento de manipulación electoral.
Por eso, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad aún mayor. No todo contenido que circula en redes sociales merece ser publicado. No todo sondeo puede presentarse como encuesta. Y no toda información política que genera interacción merece ser amplificada.
Una encuesta electoral que pretenda presentarse como válida debe cumplir las exigencias legales correspondientes, contar con metodología verificable y ficha técnica, y ajustarse a las disposiciones aplicables. Antes de publicar o compartir sus resultados, es indispensable verificar su origen y legitimidad.
También existe una responsabilidad individual.
Cada ciudadano que recibe una supuesta encuesta política debe preguntarse: ¿Quién la realizó? ¿Cuál es su metodología? ¿Tiene ficha técnica? ¿Es una encuesta autorizada y registrada conforme a las normas vigentes?
Si no existe certeza, lo responsable es no compartirla.
La libertad de expresión no debe confundirse con el derecho a engañar deliberadamente. Opinar sobre un candidato, expresar una preferencia política o realizar un comentario es legítimo. Fabricar datos y presentarlos como resultados reales de una encuesta es algo completamente diferente.
En este proceso electoral, los medios debemos contribuir a una discusión pública basada en hechos, no en cifras inventadas. La ciudadanía merece información transparente, verificable y responsable.
Por eso, desde este espacio editorial invitamos a todos los actores políticos, medios de comunicación, periodistas, influenciadores, administradores de páginas y ciudadanos a actuar con responsabilidad.
No hagamos encuestas políticas falsas.
No alteremos resultados.
No difundamos sondeos de origen desconocido.
No convirtamos las redes sociales en escenarios de desinformación electoral.
La democracia se fortalece cuando la ciudadanía decide informada y libremente.
Las encuestas falsas no son opinión: son fraude. Y la ley se cumple.
