Ernesto Macias a Responder Ante El Consejo De Estado


El Consejo de Estado fijó para el próximo 17 de enero la audiencia de pérdida de investidura en contra del actual presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar y el primer vicepresidente de esa Corporación, Eduardo Pulgar Daza.

En la citación firmada por el magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, los dos congresistas deberán presentarse con sus respectivos abogados. Igualmente fueron citados el demandante, Fredy Alejandro Güiza Álvarez y el procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado, Rodrigo Alfonso Bustos.

El proceso tiene como base la demanda presentada por Güiza Álvarez el pasado 11 de octubre en la que se manifiesta que tanto Macías como Pulgar incurrieron en una extralimitación de sus funciones al negar la moción de censura presentada por el senador Jorge Enrique Robledo contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla por el escándalo de los llamados ‘Bonos de Agua’.

El accionante cuestiona que en la sesión del pasado 8 de octubre el presidente del Senado calificó como extemporánea la moción propuesta por el congresista del Polo Democrático al considerar que los hechos por los que fue acusado se habían presentado hace más de 10 años cuando Carrasquilla era un particular.

El demandante resalta que se evitó la participación de los citantes y los asistentes al debate, lo que a su juicio representó una violación del artículo 135 de la Ley 5 de 1992 que fijó los lineamientos de las mociones de censura.

En este sentido señala que el futuro de la moción debía ser definida por el Senadoen pleno y no por el Presidente de la Corporación. Resalta que se omitieron varios de los requisitos que exige la ley en este tipo de temas.

En su momento, el demandante explicó que la Ley establece que la moción debe ser propuesta por la décima parte de los miembros “que componen la misma Cámara”. La respectiva votación se deberá realizar máximo 10 días después de la terminación del debate, el cual deberá ser realizado en audiencia pública con la intervención del funcionario.

Para que se apruebe, “se requerirá el voto afirmativa de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesta. Una vez aprobado, el funcionario quedará separado de su cargo”. Para el accionante nada de esto ocurrió.

En el caso de Macías -resalta la demanda- existió además un conflicto de intereses puesto que la colectividad a la que pertenece, es decir, el Centro Democrático, manifestó en diferentes escenarios su apoyo al ministro Carrasquilla

En la sesión del pasado 8 de octubre, con una votación de 2 contra 1 la Mesa Directiva del Senado negó la moción de censura presentada por el senador Jorge Enrique Robledo y otros congresistas del Polo Democrático, la Alianza Verde y ‘Colombia Humana’ contra el Ministro de Hacienda.

“No es procedente”, señaló Macías en una brevísima intervención, al indicar que la solicitud no cumplía con los requisitos exigidos en las normas para tramitarse y estudiarse en el Senado.

Frente a la decisión de la Mesa, la seguda vicepresidente del Senado, Angélica Lozano cuestionó la posición de Macías y Pulgar, votando para que se continuará con el trámite del debate de la moción de censura.

“Esta decisión es lamentable. Me aparto de esta determinación porque vulnera derechos fundamentales a la libertad de expresión, el control político y participación política”, señaló la congresista de la Alianza Verde.

En la Plenaria del 23 de octubre, con una votación de 62 a favor y 24 en contra, se negó definitivamente la aplicación de esta figura. Debido a esto los congresistas citantes anunciaron la presentación de una acción de tutela ante la Corte Constitucional.

El senador Jorge Enrique Robledo indicó que cuando era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Carrasquilla creó la figura de los ‘Bonos Agua’ la cual fue aprobada en el Senado.

Posteriormente, como particular, Carrasquilla ejecutó esta figura que había afectado a 117 municipios que actualmente se encuentran endeudados. Mientras que el economista y sus socios se habrían visto beneficiados con el ingreso de 14 mil millones de pesos al año.

En diferentes oportunidades el jefe de la cartera económica negó estas acusaciones, reseñando que no se enriqueció con los ‘Bonos Agua’ ni estafó a estos municipios.

Por:Rafael Pérez Becerra

 

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