La reparación que esperan comerciantes por avalancha en Campoalegre


Sin ningún acuerdo conciliatorio se abrió paso multimillonaria demanda por la avalancha de varios ríos que dejó por lo menos 3.000 damnificados, los comerciantes, cansados de mendigar una ayuda humanitaria, decidieron demandar.

Los comerciantes, cuyos negocios fueron arrasados por los gigantescos depósitos de lodo y sedimentos, provenientes de la alta montaña, reclaman una millonaria indemnización por los perjuicios ocasionados por el fenómeno natural, registrado el 21 de febrero de 2017, además de los cuantiosos daños materiales y económicos que dejó la avalancha registrada en Campoalegre, también arrastró otra demanda multimillonaria que se abrió paso.

La avalancha arrasó asentamientos como Panamá, Eduardo Santos, Carrera Novena y afectó otros barrios como Alfonso López, Sincelejo, Eugenio Ferro, San Martín, Las Mercedes, Villa Gloria y Mararay solo en Campoalegre.

Los daños se extendieron a los municipios de Rivera y Algeciras con unos tres mil damnificados.

La demanda fue presentada inicialmente contra el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la alcaldía de Campoalegre y la Gobernación del Huila.

La acción de Grupo fue presentada por el abogado Daniel Alberto Díaz Giraldo en representación de 52 comerciantes damnificados por la avalancha ocurrida el 22 de febrero de 2017.

La iniciativa ciudadana fue admitida el 22 de agosto de 2018. El martes pasado se realizó la audiencia de conciliación obligatoria, sin ningún acuerdo.

Los demandados descartaron de plano cualquier fórmula de arreglo. Al fracasar el acuerdo prejudicial, el magistrado Ramiro Aponte Pino, ordenó la continuación del proceso.

Los comerciantes de Campoalegre, los más afectados, decidieron demandar ante las promesas de ayudas incumplidas y el desdén de gremios y organismos de atención para compensar los daños ocasionados.

Graves fallas

Aunque la tragedia estaba advertida, los pequeños empresarios estimaron que las autoridades locales, regionales y nacionales, no hicieron ninguna gestión para prevenir las amenazas advertidas, ni atendieron las recomendaciones técnicas para contrarrestar o minimizar el riesgo.

Tampoco para reparar los daños y asegurar la reactivación de los pequeños negocios, arrasados por toneladas de lodo, esparcidos por avenidas y barrios enteros. Y menos para la reconstrucción de la zona impactada.

“La falta de previsión y gestión administrativa constituye una grave falla del servicio, causa de la tragedia ocurrida”, señalaron. “A pesar de los estudios técnicos y los antecedentes sobre la vulnerabilidad y las amenazas que se advertían no se tomaron las medidas preventivas y correctivas para evitar una tragedia”, argumentaron al sustentar una acción de grupo para los daños les sean reparados.

Promesas incumplidas

“Después de la avalancha a todos los damnificados se les prometió ayudas a los comerciantes se les prometió reubicarlos y concederles unos auxilios por las pérdidas ocasionadas, y no pasó nada”, afirmó Icopo Rojas.

“La avalancha del 22 de febrero de 2017 arrasó varias viviendas, afectó de manera grave otras, se llevó y destruyó los establecimientos comerciales ubicados en la Avenida Novena, en los barrio Panamá y Eduardo Santos y arrasó los enseres, equipos de trabajo y mercancías”, explicó el abogado Díaz.

“Todo quedó reducido a escombros. Los comerciantes lo perdieron todo y con ello su única fuente de trabajo, ingresos y sostenimiento para sus familias”, afirmó Saúl Ortiz Alvear, líder de los damnificados. Incluso solicitó a la Presidencia de la República ayudas para las familias afectadas por la avalancha.

Además, exigió una investigación sobre el destino de los recursos aportados para atender de los efectos del fenómeno natural.

Total desamparo

La avalancha en este sector afectó a por lo menos 118 comerciantes, según el censo realizado el 6 de marzo siguiente por el Cuerpo de Bomberos.

A pesar de las pérdidas confirmadas, los damnificados no recibieron las ayudas que las autoridades les prometieron. “Transcurrido más de un año después de la tragedia los  microempresarios y comerciantes se encuentran en total desamparo”, confirman los propios afectados.

“No se han escatimado esfuerzos para solicitar las ayudas y apoyo para reactivar los negocios, se ha recurrido a diferentes instancias y las respuestas han sido evasivas”, confirmó el dirigente Nelson Icopo Rojas, quien asumió la vocería de los damnificados.

En un mensaje enviado a la Gobernación requirió igualmente el apoyo para las familias afectadas, para recuperación y restablecimiento de las actividades económicas. La secretaria de Gobierno Liliana Vásquez le respondió que la labor que las ayudas son de la administración municipal.

Una sesión extraordinaria del Concejo con las autoridades regionales, la Cámara de Comercio de Neiva y Comfamiliar, realizada el 30 de marzo, tampoco dio resultados.

La Cámara de Comercio señaló que su labor fue apoyar la recolección de materiales de construcción para las familias censadas. Nada más. No movió un dedo para promover acciones para el restablecimiento de las actividades mercantiles afectadas.

Pura carreta

El primero de junio, la Asociación de Comerciantes Damnificados, creada tras la emergencia solicitó a la Alcaldía un plan de ayuda. Después radicó otro oficio al gobernador de la época Carlos Julio González, en calidad de presidente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

En las dos acciones solicitaban un plan de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. No obtuvieron respuesta.

Otra petición en el mismo sentido radicó ante el Gobierno Nacional otro grupo de microempresarios para que los incluyera en los programas de vivienda gratis. La coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía, Cecilia Silgado Cabrales remitió la petición al Fondo de Adaptación. Nunca respondieron.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo respondió que “el auxilio de arriendo es un apoyo económico que se otorga para suplir la necesidad de un alojamiento temporal”. En consecuencias estimó que la petición debía remitirse a la Alcaldía y al Ministerio de Comercio. Tampoco contestaron.

El Ministerio de Hacienda les informó que el Fondo de Adaptación no cuenta con recursos disponibles para atender afectaciones diferentes a las postulaciones con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-2011.

El documento, suscrito por el sugerente de proyectos, John Freddy Navarro, descartó cualquier tipo de apoyo para los comerciantes afectados por la avalancha. “La recepción de nuevos proyectos se encuentra cerrada”, les notificó tajantemente.

Incluso, otra reunión con el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, dio resultados. La posible intermediación con la banca para el otorgamiento de créditos blandos con amplios periodos de gracia, quedó descartada.

El ejecutivo les advirtió que cada banco es libre de fijar esas políticas, y, por lo tanto, la intermediación se salía de su competencia.

“Ni apoyo por parte de Fonsahuila ni créditos. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna ayuda”, reportaron los voceros de los comerciantes.

El Viceministerio de Desarrollo Empresarial prometió su apoyo. Pero nunca llegó. Solo obtuvieron una copia del portafolio de servicios. Ante semejante ‘tomadura de pelo los pequeños comerciantes le dieron poder a un abogado y presentaron la acción de Grupo que ahora tomó fuerza.

“Todos se tiraron la pelota y nadie dio respuesta. El 23 de febrero de 2018, un año después de la tragedia, los comerciantes realizaron un plantón por los incumplimientos. “Un año después de la tragedia no se ve ninguna solución por parte del Gobierno Municipal, Departamental y Nacional. Durante este tiempo no se ha logrado ninguna solución ni créditos blandos ni programas para la recuperación económica y reconstrucción de la zona afectada”, estimó el ingeniero Camilo Vega Plaza, presidente de la Asociación de Comerciantes Damnificados.

Primeras señales

El 21 de enero de ese mismo año, una creciente súbita de la quebrada La Caraguaja y río Frío había dado las primeras señales de lo que podía ocurrir en medio de las fuertes lluvias que se registraban de manera focalizada. La creciente súbita ocurrida hacia las 9:45 a.m. afectando varias vías, algunos puentes y el acueducto local.

A raíz de la emergencia, el Comité Local de Gestión del Riesgo recomendó la inmediata reubicación de las personas que habitaban estos sectores. Sin embargo, esa advertencia pasó inadvertida.

En la madrugada del 17 de febrero ocurrió otra creciente de la quebrada Río Frío con altos niveles de turbiedad y sedimentos, sin que se tomaran medidas.

“El represamiento de los ríos Las Ceibas, Neiva y Rio Frío fueron aumentando paulatinamente sin que se hiciera ningún gestión para la evacuación de los comerciantes y familias que habitan estos sectores”, reportó Nelson Reyes uno de los damnificados.

“En realidad, las autoridades subestimaron los riesgos, amenazas y la alta vulnerabilidad en que se encontraban estas familias. Hubo una enorme falla, no se tomaron las medidas para evacuar a las personas que se encontraban en las zonas de alto riesgo”, argumentó el presidente de la Asociación de Damnificados.

“La administración conocía los riesgos, el plan básico de ordenamiento territorial había establecido desde el año 2000 las zonas de alto riesgo, pero no hicieron nada”, argumentó.

“La pregunta es: ¿si todo esto lo sabía la alcaldía por qué no sé tenía una política clara de prevención y preparación para afrontar estas amenazas? ¿Por qué no se reubicaron a los comerciantes y las familias que habitaban estas zonas?

“En realidad no hubo ninguna gestión por parte de la oficina de planeación tampoco del comité Local De Atención Y Prevención de Desastres  ni de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, todo quedó en estudios”

La indemnización

Los comerciantes reclamaron una reparación colectiva de los daños ocasionados a los comerciantes de la zona impactada, consistente en la reubicación de los damnificados de los barrios Avenida Novena, Panamá y Eduardo Santos.

Además, una indemnización por los daños materiales y patrimoniales ocasionados por la pérdida de los bienes, calculados en 2.424 millones de pesos.

Igualmente reclamaron el pago del lucro cesante por la pérdida de sus herramientas de trabajo y  los perjuicios morales, entre otros

También solicitaron una reparación individual en dinero efectivo, debidamente actualizada, que incluya la reparación del perjuicio causado. Además, una indemnización por los daños causados a la salud física y mental, y a la actividad sicosocial, otra indemnización individual por el daño emergente y lucro cesante.

Sólo los daños al patrimonio originados por la pérdida de bienes ascienden a la suma de 2.424 millones de pesos. Todas las pretensiones pueden duplicar esas cifras, en caso de prosperar.

Era una tragedia advertida

La degradación ambiental y las fuertes borrascas que se intensificaron a comienzos del 2017 en la zona de alta montaña provocaron deslizamientos complejos, flujos torrenciales de lodo y escombros;   y grandes avalanchas que se precipitaron,  inesperadamente, sobre los  casos urbanos, provocando cuantiosos daños pero milagrosamente ninguna víctima humana.

La combinación de los factores ambientales y antrópicos provocaron las avalanchas en Neiva, Campoalegre,  Rivera y Algeciras que dejaron numerosos damnificados, la mayoría sin ninguna reparación.

Las inmensas capas de lodo, rocas y troncos, esparcidos a lo largo de los ríos desbordados arrasaron viviendas, afectaron asentamientos, acueductos y carreteras.  También acabó con pequeños negocios en las zonas impactadas.

Sin embargo, no hubo muertos ni heridos. Sólo cuantiosas pérdidas económicas, no reparadas.

No obstante, los efectos sociales y ambientales ocasionados por la creciente nunca fueron reparados. Los fenómenos

Aunque sorpresiva, la avalancha era previsible. Un estudio de modelación realizado por la CAM advertía el enorme peligro por el deterioro de la cuenca y la ocupación de los cauces.

Según el ex director de la entidad, Carlos Alberto Cuéllar, (hoy jefe de planeación departamental), además de la problemática ambiental, numerosos asentamientos informales en las orillas de los ríos, crearon  en Campoalegre condiciones altamente peligrosas.

“La avalancha, si bien fue esporádica, era esperada. Igualmente pudo haberse presentado en las quebradas ‘Lavapatas’, ‘La Rocha’ o ‘La Caraguaja’ y haber generado una catástrofe similar o mayor  a la que se registró”, confirmó el funcionario.

Por: RICARDO AREIZA

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