Gobierno recuerda que ningún ente territorial está autorizado para definir aumentos o beneficios económicos por su cuenta.
El Gobierno Nacional reiteró que la negociación de salarios y beneficios prestacionales para los empleados públicos debe realizarse exclusivamente a nivel nacional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 243 de 2024.
Esta aclaración surge luego de que algunas organizaciones sindicales presentaran solicitudes en regiones del país para discutir mejoras económicas con alcaldías, gobernaciones y entidades descentralizadas. Sin embargo, la norma es clara: las decisiones en materia salarial no pueden tomarse de manera aislada en el ámbito territorial, ni por sectores, ni por entidades individuales.
El artículo 2.2.2.4.5 del decreto citado establece que las únicas materias de negociación posibles en diferentes niveles son aquellas relacionadas con las condiciones generales del empleo y las relaciones entre las entidades y los sindicatos, excluyendo expresamente la posibilidad de pactar salarios o beneficios adicionales en contextos locales. El parágrafo del mismo artículo señala:
“En materia salarial y prestacional habrá negociación en el ámbito nacional exclusivamente (…). No se podrán acordar aumentos diferenciados en los ámbitos nacional, sectorial, territorial o singular.”
¿Qué sí se puede negociar en lo local?
Los diálogos entre sindicatos y entidades territoriales sí pueden abordar temas como clima laboral, jornadas, incentivos no monetarios, formación, bienestar, condiciones locativas, entre otros. Pero cualquier compromiso económico, como incrementos salariales, primas adicionales o bonificaciones especiales, solo puede ser pactado por el Gobierno Nacional dentro del marco de su capacidad fiscal y presupuestal.
Acuerdos por fuera de la ley pueden tener consecuencias
Firmar o ejecutar acuerdos que excedan las competencias legales puede generar responsabilidad disciplinaria, fiscal o incluso penal para los funcionarios que los suscriban. Además, tales compromisos serían jurídicamente nulos por carecer de sustento legal.
Organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han advertido sobre el riesgo de comprometer recursos públicos sin el debido respaldo legal y presupuestal.
Equidad y control fiscal, el objetivo
El espíritu de la norma busca garantizar la equidad salarial en el servicio público en todo el país y proteger la sostenibilidad fiscal del Estado, evitando compromisos que puedan desbalancear las finanzas en municipios o departamentos.
Por todo lo anterior, se reitera que los aumentos salariales, bonificaciones o beneficios económicos solo pueden ser discutidos y acordados en el escenario nacional, y deben ser respetados de manera uniforme por todas las entidades del Estado.
