En una decisión inédita, el Consejo de Estado suspendió de manera cautelar el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 por ciento.
El alto tribunal estudiaba un conjunto de demandas presentadas contra el decreto, en las que se alegaba que el aumento no estaba sustentado en los parámetros técnicos y macroeconómicos exigidos por la ley. Tras analizar los argumentos, la corporación decidió frenar provisionalmente la medida y ordenar la expedición de un nuevo decreto ajustado a los criterios legales.
Con esta determinación, el Consejo de Estado le dio un plazo de ocho días calendario al Gobierno para que expida y publique un decreto provisional que establezca un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026, así como el valor total correspondiente, el cual regirá mientras se profiere una sentencia definitiva en el proceso.
“A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”, señala el auto.
La providencia también establece que, para determinar la nueva cifra, el Ejecutivo deberá aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales contemplados en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, así como su desarrollo jurisprudencial.
“Para la determinación de dicha cifra, el Gobierno Nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su respectivo desarrollo jurisprudencial, en la forma establecida en la parte motiva de esta decisión”, agrega el documento.
El único antecedente de una decisión similar se remonta a 2017, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto que fijaba el salario mínimo por considerar que el incremento era demasiado bajo. En esa ocasión, el tribunal ordenó reajustarlo al alza.
Esta vez, la suspensión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la metodología y los criterios técnicos que deben sustentar la fijación del salario mínimo en el país.