El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, anunció un cambio de fondo en la regulación de la eutanasia en Colombia, ampliando el acceso a este procedimiento más allá de los pacientes en fase terminal.
La medida quedó establecida en la Resolución 813 del 28 de abril de 2026, con la que se actualizan las reglas del derecho a morir dignamente en el país. A partir de ahora, la eutanasia podrá ser solicitada por personas que padezcan enfermedades graves e incurables que generen un sufrimiento intenso, incluso si no se encuentran en etapa final de vida.
Este cambio representa un giro significativo frente a la normativa anterior, que limitaba el procedimiento principalmente a pacientes terminales. Con la nueva resolución, el enfoque se centra en el sufrimiento del paciente y su autonomía para tomar decisiones sobre su vida.
Más autonomía y menos barreras
Según lo establecido por el Ministerio, la norma busca eliminar obstáculos en el acceso al procedimiento, mejorar la trazabilidad de los casos y garantizar decisiones más oportunas dentro del sistema de salud.
Además, se refuerza el papel de los comités médicos, que deberán evaluar cada solicitud, mientras que los comités de ética hospitalaria acompañarán los casos más complejos.
Otro punto clave es el fortalecimiento del consentimiento del paciente. La resolución contempla mecanismos para garantizar que la decisión sea libre, informada y autónoma, incluso mediante figuras como apoyos en la interpretación de la voluntad cuando sea necesario.
Un cambio alineado con decisiones judiciales
La actualización normativa responde también a órdenes de la Corte Constitucional, que en los últimos años ha ampliado el alcance del derecho a morir dignamente en Colombia, país pionero en América Latina en la regulación de la eutanasia.
Debate abierto
Aunque la medida ha sido valorada por sectores que defienden la autonomía del paciente, también ha generado cuestionamientos desde algunos ámbitos médicos y éticos, que advierten sobre los retos que implica flexibilizar los requisitos para acceder a este tipo de procedimientos.
Con esta decisión, Colombia da un nuevo paso en la regulación de la muerte digna, abriendo un debate nacional sobre los límites entre el derecho individual, la medicina y la ética en contextos de sufrimiento extremo.