FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, UN DEBATE PENDIENTE EN EL HUILA

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opinion alejandra cabrera
Colombia no registra ninguna Universidad entre las mejores 500 del mundo, según el Ranking Shanghái 2013, y presenta un deserción de más del 56%. Esto responde a que la educación superior en el país no es un derecho, la grave crisis que afrontan las universidades públicas es evidencia. De acuerdo con el estudio presentado por Sistema Universitario Estatal – SUE, el déficit de estas instituciones ya llegó a los 11.15 billones de pesos, y lo que impera no es más que la falta de voluntad política, que no le garantiza al colombiano el acceso, la permanencia y la calidad en la educación superior.

En el Huila el panorama no es diferente. El déficit de la Universidad Surcolombiana ya asciende a más de 130.000 millones de pesos según el estudio del SUE, condición que se agrava con las políticas de la Unidad Regional santista.

La Gobernación del Huila (Partido Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, Verde y Progresistas) retiró del OCAD (órgano que decide los proyectos a financiar con regalías) un proyecto por 15.000 millones de pesos para mejorar el sistema de educación virtual de la USCO[1]. De la misma forma, suspendió el pago de la Estampilla ProUSCO, con la que se financian gastos de la universidad; lo que se suma a su negativa de pagar los recursos dejados de cancelar a la universidad desde 1994 en virtud de la ley 30, los cuales ya suman 22.720 millones de pesos, de acuerdo a lo reconocido por el Tribunal Administrativo del Huila.[2]

La Unidad Regional santista no busca dar solución a la crisis universitaria, por el contrario, la está profundizando, obligando a la universidad a aumentar sus recursos propios a través del alza de matrículas, llevándola a la privatización.

No podemos seguir rogándoles a los gobiernos regionales que nos garanticen el derecho a la educación superior, ésta suplica no atendida, ha privado del derecho a miles de jóvenes en el departamento, unos por dificultad en el acceso, otros por la imposible permanencia y a todo el resto por las pocas condiciones materiales con las que cuenta la universidad para garantizar calidad. Necesitamos un nuevo esquema de financiación, uno que dé garantías mínimas de planta física, cualificación de cuerpo docente, adopción de TIC y sistemas de bienestar que le permitan al estudiante acceder a becas, residencias, restaurantes universitarios, servicios de salud y formación integral. En otras palabras, necesitamos un esquema de financiación en el que sea el Estado y no la familia el garante del derecho ¡No endeudemos más a las familias!. Debatamos también en el Huila la propuesta de ley de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE, debatamos la gratuidad en la educación superior, tan necesaria como posible.

ALEJANDRA CABRERA
Twitter: @Alecabrera28