La Opinión De Néstor Pérez Gasca: ¿Funciona la justicia privada?


La Opinión De Néstor Pérez Gasca: ¿Funciona la justicia privada? Desde el año 2007, dos años después de la implementación gradual del sistema penal acusatorio en Colombia, se ha intentado poner en funcionamiento un proceso penal que, no solo descongestione el sistema judicial, sino que acuse y juzgue algunas conductas punitivas consideradas de menor lesividad respecto de la afectación a los bienes jurídicos de los ciudadanos, sin embargo, debido a su reincidencia son las que generan una gran congestión y desgaste económico a  nuestro sistema judicial, lo anterior puede ser una de las  razones por la cual nos encontramos ante una justicia “embotellada” por un sin numero de delitos que podrían manejarse a través de la justicia semi privada la cual han intentado introducir a nuestro convulsionado aparato judicial.

Es gracias al acto legislativo 6 de 24 de noviembre de 2011, que se reformaron los artículos 250 y 251 de la Constitución Política, desmonopolizando la acción penal que estaba en cabeza de la Fiscalía y sus delegados para entregársela potestativamente a las víctimas o a otras autoridades. Con ese soporte constitucional el congreso de la república aprobó mediante la ley 1826 de 2017 el proceso penal abreviado y regula la figura de acusador privado que coexiste con el proceso ordinario, aunque no todos lo delitos se pueden someter a conversión, por ejemplo, los delitos sexuales y el homicidio no se enlistaron, en cambio si se incluyeron todos los delitos querellables siempre y cuando el fiscal de conocimiento así lo disponga.

Lo complejo de esta reforma judicial  es que las víctimas al hacer uso del poder punitivo del que como regla general debe ser del monopolio del Estado, no podrán llevar a acabo el proceso si no tienen capacidades económicas para  sufragar los gastos de un profesional del derecho experto o especialista, porque así lo consagro la norma, la víctima es quien nombra su propio fiscal  y este debe asumir el rol de investigador y llevar ante el juez  a la persona que pretenda acusar, además deberá reunir las pruebas, situación que podría ser desventajosa para las víctimas, pues como se, sabe en muchos casos esta facultad de recolección de evidencias otorgada a la policía judicial es compleja debido a las diferentes aristas de nuestro país violento, imaginasen un civil intentado reunir  elementos materiales de prueba.

Aunque la facultad de investigación y de desarrollar un programa metodológico sigue siento competencia de la policía judicial, lo tedioso del asunto es que el abogado de la victima esta supeditado a que un juez de control de garantías apruebe o no la ejecución de un programa de investigación con lo cual se estaría ante el mismo entuerto del proceso ordinario, a esto súmele que la opción para las víctimas sin recursos económicos es acudir ante los estudiantes de consultorio jurídico que están en formación y posiblemente no serian idóneos para ejercer el poder punitivo, lo más preocupante es que el abogado de víctimas o “fiscal de paso” responderá disciplinariamente por la acciones u omisiones es decir se vuelve un funcionario público de hecho, con esas expectativas ¿quién se atreverá?.

 

 

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