Medida de aseguramiento contra Juan de Jesús Cárdenas, exgobernador del Huila

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En las últimas horas un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra del exgobernador del Huila, Juan de Jesús Cárdenas Chávez, por irregularidades en la celebración de contratos.

A Cárdenas Chávez, quien fue responsabilizado como presunto autorresponsable del concurso homogéneo de delitos de contratos sin cumplimento de requisitos legales, el Fiscal al cargo de la investigación le impuso la obligación de presentarse mensualmente y la prohibición del salir del país.

La investigación tiene que ver con las posibles irregularidades cometidas durante su administración como gobernador del Huila durante el período 2001 – 2003 y que tienen que ver con la celebración de ocho contratos para obras como la construcción y remodelación del Parque Santander del municipio de Neiva, la instalación y puesta en funcionamiento de acometidas eléctricas en el municipio de Timaná, la pavimentación de vías en el barrio Libertador en Pitalito, construcción de piscinas para adultos y niños y demás infraestructura del Centro Recreacional del municipio de Guadalupe entre otros.

Nueva sanción
En 2007 la Procuraduría General de la Nación ya había sancionado a Juan Cárdenas para desempeñar cargos públicos. En ese año el ente de control lo destituyó e inhabilitó por 10 años por irregularidades en la celebración de varios contratos.
En dicha investigación, que sirvió de soporte para el proceso penal, a Cárdenas Chávez el ministerio público lo sancionó, por haber suscrito cinco contratos sin el cumplimiento de algunos requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 y por no llevar a cabo un estudio de las propuestas para determinar la más favorable para el departamento.

Dentro de los contratos firmados entre junio y noviembre de 2002, por el entonces Gobernador del Huila, están entre otros, la elaboración de libros, folletos y material didáctico, para ser entregado a los participantes en foros y talleres que se llevaron a cabo en el departamento del Huila, por costo superior a los 180 millones de pesos, para llevar a cabo un proceso de regionalización.
También se detectaron irregularidades en tres contratos más celebrados para la elaboración de proyectos y realización de trámites para acceder a los recursos FINAGRO, iluminación del Parque Santander de Neiva, puesta en funcionamiento de redes eléctricas domiciliarias en las veredas Quinche, Palmitos y Aguas Claras del Municipio de Timaná.

El sancionado gobernador indicó en su defensa que suscribió y celebró los contratos acogiendo los conceptos de los Directores Administrativo y Jurídico de la Gobernación, exculpación que no fue acogida por el ministerio público.

Cortesía: Opanoticias