UN SISTEMA DE SALUD CRIMINAL

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Los titulares que hacen referencia a los millones con que se han lucrado quienes están al frente de las EPS son una parte del drama que vive el sistema de salud, pero la tragedia cotidiana la que toca en carne y hueso a los usuarios poca publicidad recibe, quien quiera conocerla de cerca simplemente puede pasar un día en la sala de espera de urgencias de cualquier IPS o sentarse en una cafetería cercana a una sede de atención al usuario para encontrarse diariamente con numerosos cuadros dignos de una serie de terror.

El viernes pasado en horas de la mañana frente a la Nueva EPS en Neiva, de manera súbita salieron una decena de galenos con su bata blanca como en estampida, creímos que se trataba de alguna alarma de riesgo para los presentes en el lugar, pero interrogado uno de ellos sobre el motivo de esta acción, con ira respondió que se iban porque la lucrativa empresa hace meses no les cancela sus honorarios; al mismo tiempo una usuaria que venia del Caquetá desconsolada no sabia que hacer, porque la cita que le habían programado con un especialista la cancelaron a ultima hora argumentando que se terminó el contrato, ella había hecho colecta entre parientes y amigos para cumplir con el compromiso pues su estado de salud es bastante crítico; otro usuario narraba con rabia como lleva meses tras de una orden de remisión a Bogotá para que le practiquen un examen que requiere para identificar la naturaleza de una patología en los músculos de las manos que lo tienen al borde de perder su movilidad y siempre la aplazan con cualquier argumento baladí; son centenares las historias que se escuchan de negligencia o negativas a prestar un servicio que salvaría muchas vidas y mejoraría la condición de otras tantas, pero que no se resuelven dada la naturaleza mercantilista del sistema de salud encarnado en la ley 100.

Hasta cuando los Colombianos estiraremos nuestra paciencia para permitir un sistema criminal en salud como el que tenemos y que el gobierno se empecina en mantener por los intereses particulares involucrados en esa decisión, puestos en evidencia por la participación de altísimos funcionarios del estado en posiciones claves del gobierno de Santos y que para dar un solo ejemplo permiten descartar cualquier acción de la Fiscalía contra el exgerente de Saludcoop dado que el Fiscal se lucró con enormes contratos que en el pasado le diera este.