Verdades y mentiras sobre el estado de inhabilidad de Cielo González Villa

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La exgobernadora sigue inhabilitada, solo han sido falladas a su favor dos de las cuatro demandas que interpuso, y lo curioso es el argumento que está utilizando para pedir la nulidad de ellos.

Duras batallas judiciales y disciplinarias ha tenido que enfrentar los últimos años Cielo González Villa. Desde 2010 para acá, ha tenido que afrontar juicios y diferentes demandas tanto disciplinarias, como fiscales y judiciales, relacionadas con su actuación pública. De ellas, muchas ha ganado, de hecho sino fuera así, quizás no hubiera estado durante un año como Gobernadora del Huila, o lo que es peor, quizás ni siquiera hubiese podido aspirar. No obstante, tres fueron falladas en su contra entre 2011 y 2012 por parte de la Procuraduría, lo que a la postre le significó a finales de 2012 su salida de la Gobernación del Huila y una inhabilidad para ocupar cargos públicos de elección popular durante tres años.

Desde entonces, González Villa inició otras batallas, esta vez buscando tumbar las sanciones impuestas, con el propósito de levantar la sanción y poderse habilitar para ser candidata a la Gobernación del Huila nuevamente, para octubre de 2015; una verdadera carrera contrarreloj.

Y alrededor de estos últimos procesos han surgido muchas verdades y mentiras sobre su situación, que han generado reacción de distinto orden, sobre los cuales es necesario hacer precisión.

Verdades
Es cierto que el Tribunal Administrativo del Huila acaba de fallar a su favor una demanda interpuesta para anular la sanción de tres meses proferida por la Procuraduría General de la Nación, por su presunta responsabilidad en la firma de un convenio interadministrativo por 944 millones de pesos entre la Alcaldía de Neiva y la Universidad Surcolombiana para realizar una interventoría de una obra, cuando el ente académico no tenía un programa educativo relacionado con obras civiles ni contaba con experiencia para hacerlo.

El fallo del Tribunal proferido el pasado 7 de octubre, anula de manera parcial la sanción de la Procuraduría, que a la postre significó la inhabilidad sobreveniente interpuesta por la exfuncionaria, por la acumulación de sanciones. En otras palabras, es un fallo de primera instancia que solo tiene validez jurídica, si la segunda instancia, en este caso, el Consejo de Estado, lo confirma. Hay que aclarar que la sanción implicó también una multa de 18 millones de pesos.

También es cierto, que este es el segundo fallo a favor de González Villa en los últimos meses. En julio pasado, en otra decisión similar, el Tribunal Administrativo del Huila, anuló de forma parcial, el fallo proferido en abril de 2012 por la Procuraduría, donde se responsabilizaba a González Villa por la inversión irregular de 12 mil millones de pesos de regalías en una firma comisionista sin el lleno de requisitos legales, lo que le derivó al final una multa económica de 33 millones de pesos.

La demanda de nulidad y restitución de derechos que fue fallada a su favor el 18 de julio, pasó a manos del Consejo de Estado para su segunda instancia. No obstante fue apelada por la entidad demandada, es decir, por la Procuraduría, días posteriores. Aún el Consejo de Estado no falla en segunda instancia.

La tercera sanción que originó su inhabilidad sobreviniete de 3 años y destitución de su cargo, establecida por la Procuraduría por un permiso sindical mal realizado, también fue demandado pero aún no ha sido resuelto.

La otra demanda en curso en el Tribunal Administrativo del Huila, pretende se declare la nulidad del Decreto No. 011 del 9 de enero de 2013, por medio del cual se retiró del servicio a González Villa como Gobernadora del Huila y solicita restablecimiento del derecho. No obstante esta demanda presentada en junio de este año, fue rechazada por el tribunal y enviada al Consejo de Estado para su resolución en julio.

Mentiras
Pese a que dos de los tres fallos en contra de la exgobernadora han sido resueltos favorablemente a su favor por el Tribunal Administrativo del Huila, no están en firmes por ser primera instancia, por lo que no es cierto que sus sanciones no tengan validez o se hayan tumbado. Para ambas decisiones, aún falta la última palabra que la tiene el Consejo de Estado.

Tampoco es cierto, que este habilitada para volver a ejercer cargos de elección popular o participar de un proceso eleccionario. Sobre ella, las tres sanciones aún están en firmes, incluida la relacionada con el permiso sindical que estableció una sanción de dos meses, que no ha sido resuelta siquiera en primera instancia.

Aunque en las demandas la exgobernadora pide restablecimiento de sus derechos, ello no implica que vaya a ser reintegrada al cargo de mandataria, toda vez que ya hay un gobernador elegido por elección popular. Para este caso, si los tres fallos son resueltos a su favor en segunda instancia, a la exmandataria, el Estado deberá indemnizarla por el tiempo en que ha dejado de servir como Gobernadora.

Curioso argumento
OPANOTICIAS conoció que de los dos procesos fallados a favor de Cielo González Villa, la exmandataria ha fijado un mismo argumento en su defensa que le ha sido favorable. El declararse sin recursos para pagar las sanciones impuestas por la Procuraduría por no estar trabajando, se ha convertido en la excusa perfecta para la exmandataria.

Algo similar había manifestado en el pasado, cuando siendo candidata a la Gobernación, se declaró insolvente económicamente, ante una medida cautelar emanada por la Contraloría, dentro del proceso de responsabilidad fiscal por el caso TIGSA donde habría perpetrado un manejo irresponsable de 12.000 millones de pesos de regalías. No obstante pudo financiar su campaña.

Aquí sucede algo similar. La exmandataria dice estar insolvente por no estar trabajando desde enero de 2013 cuando fue separada del cargo, pese a haber tenido con qué pagar cambiar continuamente de abogado en todos sus procesos, y a que su esposo, es uno de los empresarios con mayor número de contratos de prestación de servicios de alimentación escolar, tanto para el ICBF como para entes territoriales como actualmente lo es, en la Alcaldía de Neiva, y otras del país.

Pese a ello, el Tribunal ha considerado valido su argumento. En julio de este año, en el primer fallo estableció. “Para el Tribunal la declaración extra juicio que vertió la actora ante la Notaría 36 de Bogotá en donde deja expresa constancia de estar desempleada desde el 9 de enero de 2013 y tener una inhabilidad de tres años para ejercicio de cargos públicos, siendo que su actividad profesional la ha desarrollado en el sector público y ello lo corrobora con la hoja de vida aportada, son pruebas sumarias de no contar con los medios para el pago de la suma de dinero en que se convirtió la sanción impuesta y por ende se satisface el requisito para coger la cautela”, señala el tribunal.

Escrito Por: Felipe Gonzalez