Opinion: LA INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Por: Andrés Felipe Doblado Díaz – En la capital arrocera del Huila se presentan serios inconvenientes en la ocupación del espacio público. Se observa una gran cantidad de propietarios de viviendas realizando este tipo de infracción. La gente se queda sin senderos peatonales por dónde transitar, las calles y andenes se han convertido en parqueadero de motos, ventas informales y depósito de basuras.
De acuerdo con el Decreto 1504 de 1998, se considera como espacio público el “conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trasciendan, por lo tanto los límites de los interese individuales de los habitantes”.
Desafortunadamente no reconocemos la diferencia entre el espacio público y el privado. Se construye sin respetar las normas urbanísticas y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Algunos han construido su casa más allá de las líneas de demarcación oficial, otros se toman los antejardines y levantan paredes en ellos como si fueran propiedad privada, construyen escaleras y ponen rejas.
Estas últimas “rejas” solo están permitidas siempre que estén dentro del paramento, esto es, del área legal de construcción de la vivienda, dentro del área que es propiedad privada y no es espacio público. Día a día crece el número de casas enrejadas en nuestro Municipio, algunos manifiestan que las instalan por problemas de seguridad, pero se trata de un problema urbanístico de gran magnitud, que cede a los particulares un espacio que pertenece a la comunidad.
Muchos de estos espacios públicos terminan convertidos en garajes y negocios, vulnerado el derecho colectivo al uso y goce del espacio público, que no solo afecta las normas de dicho espacio, sino las condiciones de respeto de la autoridad pública, sus decisiones y el bienestar de los habitantes.
Es de resaltar que esta problemática se viene presentando desde hace algunos años. Las últimas tres administraciones municipales no dieron la importancia que merecía esta problemática que creció como una bola de nieve. Espero que esta nueva administración que llega con más fuerza, tome acciones que garanticen a los campoalegrunos la devolución de los espacios comunes invadidos con rejas, rampas, cubiertas, escaleras, entre otras construcciones.
El Artículo 1° del Decreto antes mencionado establece: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”. Y nuestra Constitución Política, en su Artículo 82 preceptúa: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.
Le recuerdo que a las alcaldías les compete preservar el espacio público y recuperar el invadido, sin que el ejercicio de dicha competencia requiera necesariamente solicitud o querella por parte del ciudadano.
