Opinión De Mario Benedicto Parra: Crisis arrocera y protesta social – Después de escuchar las declaraciones del recién nombrado ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el sentido de que la protesta social debe ser ordenada y que represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo, no quisiera imaginarme a Martín Vargas, Alci Cortés, Tomás Emilio Herrera, Raymundo Vargas, Flower Artunduaga, Farid Joven, Ramiro Moreno, Oscar González, Roberto Soriano o en general, a los cultivadores de arroz de Campoalegre, sacados violentamente de las marchas, arrestados por las fuerzas militares o de policía en violación flagrante de los derechos humanos, por el solo hecho de protestar pública y pacíficamente a favor de los intereses de un pequeño grupo de arroceros del cual hacen parte, y lo que es peor, que los declaren “enemigos de la segunda versión de la seguridad democrática” del gobierno entrante.
Esas declaraciones avizoran que no sólo habrá intimidación por parte del gobierno, sino que ahora, encima de todo, habrá represión a todo a quel que proteste sino está representando intereses de todos los colombianos. Es claro entonces, que el nuevo ministro buscará pretextos para reprimir a las minorías como es el caso de los arroceros de Campoalegre, ignorando que la protesta social es una forma legítima y constitucional para hacer valer el descontento popular.
En Colombia parece haberse instituido que para resolver disputas de todo tipo, debe acudirse a la “protesta social”, que en muchos casos no es más que un grupo de personas con intereses particulares que protestan al ver que sus pretensiones o demandas legítimas no son atendidas o cumplidas. Los conflictos sociales deberían resolverse a través de canales institucionales, pero rara vez sucede así y es por eso que las comunidades tienden a recurrir con mayor frecuencia a las protestas sociales para ser escuchados.
En el caso de los arroceros, han existido condiciones objetivas para que surja la protesta social, que no es convocada por tal o cual sector político, sino convocada por las necesidades del sector que los gobiernos de turno no han salido a solucionar del todo, sino a paliar para salir de las manifestaciones sociales que desfavorecen la imagen del presidente de la República.
Los productores de arroz en Campoalegre y en el Huila, han venido protestando desde al año pasado por los altos precios de los insumos, los altos costos financieros en los créditos agrícolas del sector arrocero y los precios bajos de compra, lo que ha llevado a la quiebra a muchos agricultores. Los arroceros con justa causa han protestado, fundamentalemente ante los incumplimientos del gobierno nacional por los subsidos de compra, por los efectos de los tratados de libre comercio y por un precio justo por tonelada de arroz; todo porque se cultiva y se trabaja a pérdida.
Limitar el derecho de protesta de los pequeños grupos como es el caso de los arroceros, es antidemocrático e inconstitucional, propio de las dictaduras, violatorio del artículo 37 de la Constitución Política que expresa que: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente…”.
La declaración del próximo ministro de Defensa es un indicio de que el próximo gobierno tratará de imponer una campaña de manipulación contra todo aquel que proteste para ocultar los graves problemas que padecen los sectores agropecuario, de educación, de transporte, etc. Esto lo que puede originar es una nueva ola de protesta popular sin precedentes. ¡Hasta pronto!
