Una de las decisiones que causó mayor sorpresa en los estrados antes de que los funcionarios de la Rama Judicial salieran a vacaciones de fin de año, fue el embargo que un juez civil de Bogotá dispuso sobre algunas cuentas de Sacyr, multinacional de origen español encargada en Colombia de obras clave como el rescate del Canal del Dique.
A la poderosa empresa española Sacyr, adjudicataria de la construcción del Canal del Dique, un juez ordenó embargarle las cuentas por un pleito que ascendía inicialmente a 3.000 mil millones de pesos, hoy va cerca de los 7.000 mil millones.
El reconocido empresario ALFONSO GARCÍA TOVAR, sostiene un fuerte enfrentamiento jurídico por medio del reconocido Abogado Opita Victor Zuleta, socio y Cofundador de la firma Vidal&Zuleta, el cual logró los embargos de cuentas por un valor aproximado de 7.000 mil millones más el embargo de un inmueble en bogota, donde opera Sacyr, producto de una demanda ejecutiva presentada por el reconocido empresario del sur de colombia ALFONSO GARCÍA que dice haber perdido su maquinaria y su dinero por cuenta de incumplimientos de uno de los consorcios más grande que tiene colombia, pero la disputa derivada de ellos ha llegado también ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El pleito parecía pequeño y focalizado entre Alfonso García Tovar y el consorcio SH. Sin embargo, el juzgado abrió las compuertas para una disputa mayor al emplazar a todos los acreedores del consorcio para hacer valer sus obligaciones y al disponer la acumulación del proceso.
Esa decisión, que para Sacyr carece de fundamento jurídico, ha hecho sin embargo que la lista de acreedores de la que la hacen parte otros contratistas colombianos y extranjeros tienda a engrosarse. Por eso la multinacional abrió su propio frente de batalla y acudió a jueces de arbitramento para contraatacar a los demandantes y exigirles una supuesta compensación de perjuicios, tras acusarlos de haber abandonado unilateralmente sus obligaciones.
Según el apoderado del empresario, Sacyr venía realizando descuentos injustificados sin ningún sustento legal, valiéndose de contratos leoninos por su posición dominante y rompiendo el equilibrio económico contractual de su cliente. Las partes tienen lecturas distintas de las evidencias aportadas, pero sus posiciones sirven para ilustrar las dos caras de la moneda en este caso, que por supuesto la empresa española ha tenido sus líos jurídicos en las diferentes construcciones que ha llevado acabo en colombia, como el viaducto Hisgaura, en Santander, entre la vía Curos y Málaga.
Garcia, presento ante el juez de arbitramento imágenes de sus volquetas de trabajo sumergidas en un mar de lodo. Su abogado, sostiene que el equipo no pudo ser operado, no solo porque el consorcio suspendió súbitamente el pago de facturas por $3.000 millones, sino porque no cumplió lo acordado en torno a las especificaciones del área en la que moverían la tierra. “Esas volquetas dumper están hechas para trabajar en terrenos de no más de 80 centímetros de profundidad y fueron forzadas a internarse en áreas cenagosas de más de un metro”, explica.
Para Sacyr, que asumió en este caso la vocería de S.H.; la maquinaria de trabajo fue abandonada allí de manera deliberada, con el propósito perverso de bloquear el avance del proyecto, el cual desmiente el apoderado del empresario.
Por ahora la justicia se inclina a favor de los argumentos del demandante y por eso accedió a embargar cuentas de Sacyr por cerca de $3.800 millones, de SUDINCO por 3.200 millones y otras conjuntas, con lo cual los dineros objeto de medida cautelar llegan a un poco más de 7.000 millones. Faltaría ver si los otros potenciales demandantes consiguen que el monto escale.
Como el artículo 463 del Código General del Proceso prohíbe a los afectados hacer pagos desde cuentas embargadas, los demandantes han aprovechado para hilar aún más delgado. Según ellos, una empresa con cuentas inactivas difícilmente podría sacar adelante proyectos de la envergadura del canal de Dique, adjudicado a Sacyr por 3,2 billones de pesos.
La multinacional encuentra en ese argumento una alta dosis de mala fe, pues considera que los embargos solo afectan parcialmente a una empresa subsidiaria en Colombia y no al conglomerado cuya capacidad y solvencia económica está a salvo de toda duda. La principal prueba de ello la da el éxito en la construcción del proyecto Rumichaca-Pasto, con un costo aproximado a los 2,9 billones. “El citado embargo- agrega- para nada afecta las operaciones de Sacyr en el país, ni perturba la operación normal de la compañía en sus contratos, incluido el del Canal del Dique”.
Para Sacyr las demandas de los Las remuneraciones pactadas con más de 900 empresas, 550 de ellas nariñenses, se encuentran pagadas con normalidad cumpliendo los compromisos pactados.
También explicó las razones que llevaron a SH a tocar a las pertas del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio: “El contratista dejó de cumplir con sus responsabilidades contractuales en el último trimestre de 2021, dejando abandonados los trabajos y los equipos en diferentes frentes de obra, con el fin de dificultar y obstaculizar la operación de los equipos del consorcio SH y de otros contratistas, lo que, junto con el incumplimiento de los trabajos causó graves perjuicios”.
Según los demandantes, Sacyr y el consorcio todo se siente fuerte en los escenarios de la justicia arbitral, a donde suele ir cuando ve la imposibilidad de vencer con argumentos en la justicia ordinaria.
El proceso ejecutivo fue admitido por el juez 51 Civil del Circuito de Bogota.
Los contratos firmados entre García y SH dejaba estipulado que las diferencias se resolverían en tribunales de arbitramento, relacionado al incumplimiento, pero según su apoderado del empresario la ejecución del contrato por no pago donde medían facturas, no tiene la competencia los tribunales de arbitramento, por disposición legal 1563 del 2012, más aún cuando media un endoso en propiedad.
A través de un recurso de reposición, Elena Martínez, apoderada de Sacyr, presentó su oposición contra el mandamiento de pago y los embargos ordenados por el juez.
Según la abogada, el togado debió perseguir primero los bienes del consorcio SH y no el de las sociedades que lo conforman. En el documento, manifestó que dichas medidas cautelares causaron perjuicios a la poderosa empresa española, “lo que sin lugar a discusión le ha causado un daño antijurídico a mi representada, teniendo en cuenta que ha tenido que soportar el embargo de sus bienes, acarreando consigo el dejar de cumplir con sus obligaciones para con terceros”.
Según el apoderado del empresario, ya fue resuelto el recurso elevado sin éxito para la poderosa Sacyr. Falta que el juez determine la fecha de audiencia para dictar sentencia en este caso.
