Opinión De Mario Benedicto Parra: Abuso de autoridad – No pueden dejar de llamar la atención las actitudes de ciertas autoridades que parecen creer que las normas que rigen para todos no se les aplican a ellas. Durante el último tiempo, este tipo de conductas se multiplica. Va desde cuestiones sencillas hasta asuntos graves, como el “sacrilegio contra la Constitución” y el atropello interpretativo contra el Código Nacional de Tránsito, cometido por una agente de la policía de tránsito Bogotá al imponer comparendo e inmovilización de una motocicleta por unas calcomanías que según ella alteran el color del vehículo, pasandopor encima lo que la ley dice de forma expresa sobre el color predominantes de los automotores, ya sean carros o motocicletas.
El delito de abuso de autoridad se configura cuando un servidor público -miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad- hace que prevalezca su propia voluntad -actos caprichosos- sobre la ley y con el fin de conseguir intereses. Como puede apreciarse, se refiere a todo funcionario que valiéndose de su autoridad asume atribuciones que no tiene generalmente en violación de los derechos humanos.
En momentos en que la igualdad es el grito de batalla de la nación entera, parece especialmente desubicado que existan quienes utilicen su posición de autoridad y anteponer sus criterios personales al respeto a la ley que juraron servir. Esa actitud supone una de las expresiones más crudas de la desigualdad que tanto irrita a nuestra sociedad: el abuso.
Las autoridades poseen atribuciones de las cuales carecen los ciudadanos comunes y que les permiten influir en el quehacer cotidiano de todos. La ley es un límite especialmente importante para ellas, pues protege a los ciudadanos de eventuales abusos. Por eso, el derecho público dispone que solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido, con el objetivo de prevenir excesos. Al ir más allá de lo legalmente establecido, autoridades como es el caso de la agente de tránsito de policía, incumplen un deber y vulneran la más relevante salvaguarda para la convivencia pacífica y justa. Obedecer la ley no debería ser una opción, pues, como decía Cicerón, somos esclavos de ellas para poder ser libres.
Detrás de esta forma de actuar se esconde además un profundo desprecio por la deliberación democrática. Nuestro ordenamiento establece las todas las autoridades deben aplicar la ley. Pero, al actuar como lo hizo, la agente de tránsito, ha torcido la nariz a la ley, interpretándola a su amaño y “legislando” por la vía de los hechos.
Que alguien se sienta con el derecho a obrar de esa manera no solo es lamentable, sino indicativo de hasta dónde puede llegar el abuso de autoridad.
¡Hasta pronto!
