Alerta en el Huila, por violencia y control territorial impuesto por disidencias de las FARC-EP que operan desde Caquetá

La Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana debido al riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que enfrentan aproximadamente 102,000 personas en los municipios de Garzón y Gigante, en el Huila. Este riesgo se debe a la expansión territorial y las operaciones de la facción disidente de las antiguas FARC-EP, conocida como Estado Mayor Central, a través de los Frentes Iván Díaz y Rodrigo Cadete, ambos pertenecientes al Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño.

La situación para la población civil es crítica, ya que el Estado Mayor Central ha impuesto violentamente pautas de control social y territorial. Se han reportado numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, cobros forzados y posibles casos de reclutamiento forzado. Además, se han implementado restricciones a la movilidad y otros métodos de gobernanza criminal.

La Defensoría del Pueblo alerta sobre la alta probabilidad de nuevos episodios de violencia armada que podrían afectar gravemente a la población civil. De manera particular, las personas líderes y defensoras de derechos humanos, defensores del medio ambiente y aquellas en proceso de reincorporación, junto con sus familias y organizaciones, están en un riesgo especial.

Además, sectores económicos como comerciantes, transportadores, servidores públicos, agricultores, ganaderos y pescadores se han visto afectados por conductas extorsivas y exacciones.

En el municipio de Florencia, Caquetá, que colinda con Garzón, la confrontación armada ha obligado a las autoridades a implementar medidas de seguridad. Los efectos de esta violencia ya se han evidenciado en otros municipios del Huila, como Algeciras, que está bajo amenaza del Frente “Iván Díaz”, y en Tello, afectado por el Frente “Darío Gutiérrez”.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad internacional para que se tomen medidas inmediatas que protejan a la población civil y se garantice el respeto a los derechos humanos en la región.