En una audiencia pública celebrada en el Congreso de la República, jóvenes judicializados y condenados por su participación en el estallido social de 2021 arremetieron contra el presidente Gustavo Petro, su Gobierno y los partidos políticos que, según ellos, los han utilizado políticamente y luego los dejaron en el olvido.
Desde el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, y a través de intervenciones presenciales y virtuales, los jóvenes denunciaron lo que consideran una “persecución sistemática” en su contra. Varios de ellos, procedentes de Neiva (Huila), afirmaron sentirse traicionados por un Gobierno que, en su momento, prometió amnistía, justicia y reparación para los manifestantes detenidos.
“En Neiva hemos sido ocho jóvenes olvidados por el Presidente”, dijo Edwin Herrera Pimentel, uno de los condenados. “Nosotros apoyamos un Gobierno que prometió liberar a los jóvenes, pero hoy seguimos encarcelados y estigmatizados”.
Herrera aseguró que la Fiscalía ha construido casos sin pruebas sólidas, utilizando testigos que participaron en las protestas y cuyas versiones, según él, fueron manipuladas. Su crítica también se dirigió a los medios de comunicación, a los que acusó de “hostigamiento sistemático”.
Críticas al Congreso y al Gobierno Petro
La audiencia fue promovida por congresistas del Pacto Histórico, como María del Mar Pizarro, Leyla Rincón, Carmen Felisa Ramírez, Jahel Quiroga y Alirio Uribe, quienes reconocieron la deuda del Estado con estos jóvenes.
Sin embargo, los manifestantes no ocultaron su decepción. “Ahora nos escuchan porque necesitan jóvenes en las calles de cara a las elecciones”, lanzó uno de los voceros. “Nosotros fuimos la voz de ustedes en la calle, pero ustedes nos olvidaron apenas se acomodaron en sus curules”.
“No hice parte de ningún grupo armado”
Pablo Lima, también de Neiva y procesado por concierto para delinquir, aseguró que su único delito fue ejercer el periodismo: “Solo usé una cámara para mostrar la verdad. Nunca formé parte de ningún grupo. Hoy me castigan por narrar lo que ocurrió”.
Por su parte, Vanessa Cabrera Sánchez denunció hostigamiento, estigmatización y obstáculos para reinsertarse en la vida social: “No busco compasión, pido justicia”. Aseguró que su prontuario judicial no corresponde a los hechos que vivió en las protestas.
Testimonios de reclusos
Sergio Andrés Pastor, desde prisión, describió las condiciones inhumanas a las que ha sido sometido y la afectación a su salud y entorno familiar. “Nos tratan como terroristas. Nadie del Gobierno nos ha visitado. Nos están exterminando”, afirmó con la voz quebrada.
Otros como Johan Sainea y Óscar Iván Gutiérrez relataron abandono, persecución y temor de ser asesinados tras recuperar la libertad. “Nosotros nunca salimos con armas. Esta es la ‘Primera Línea’ de la vida y la dignidad”, dijo Sainea.
Desde la cárcel El Buen Pastor, Camila Botero expresó su desilusión: “Mi justicia no arranca ojos ni deja madres huérfanas. Sigo creyendo en una justicia que dignifica”.
Datos y contexto
El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, confirmó que actualmente hay 34 personas privadas de la libertad por hechos relacionados con el estallido social. Diez más están con brazalete electrónico o detención domiciliaria. En su pico, la cifra llegó a 143.
El congresista Alirio Uribe expuso que casi 10 mil personas fueron detenidas durante las protestas de 2021, y 400 fueron judicializadas. “Hubiéramos querido avanzar más, como cerrar el Esmad o reformar la Policía. Pero este proceso es lento”, reconoció.
Exigencias y reparación
La representante Jahel Quiroga presentó un informe detallado con denuncias de maltrato físico, psicológico, acoso sexual y presión judicial sobre los manifestantes. “No se ha avanzado lo suficiente. El reto ahora es liberar a estos jóvenes y repararlos integralmente”, dijo.
Finalmente, el clamor de los comparecientes se resume en una pregunta que resonó con fuerza en el Congreso:
“¿Dónde está el apoyo del Presidente Petro?”
