El mercado ilegal de partes y piezas motrices mantiene una dinámica alarmante en Colombia. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), entre enero y julio de 2025 fueron hurtadas 19.638 motocicletas, 5.100 vehículos y 2.900 autopartes, con un impacto económico estimado en $410.000 millones.
A este panorama se suma el contrabando de repuestos: según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 10% de los repuestos que ingresan al país lo hacen de manera ilegal. Solo en 2024, de los US$2.600 millones importados, alrededor de US$260 millones habrían entrado por canales irregulares.
Un circuito criminal que afecta a todos
“El circuito ilegal inicia con el hurto, se alimenta del contrabando y termina compitiendo deslealmente con el comercio formal. El resultado es doblemente grave: mayor riesgo en las vías por piezas sin certificación y menos empleo de calidad en talleres, distribuidores y fabricantes que cumplen la ley”, advirtió Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, la Asociación del Sector Motriz y sus Partes.
De acuerdo con la entidad, las marcas más afectadas son Toyota, Kia, Chevrolet y Mazda en vehículos, y Bajaj y AKT en motocicletas. En autopartes, los espejos laterales, las unidades de control electrónico (ECU) y las llantas son los componentes más apetecidos por su alta rotación y facilidad de comercialización en el mercado negro.
El golpe más reciente se registró el 24 de agosto en Bogotá, cuando un grupo delincuencial hurtó 986 baterías Willard de una bodega de la compañía Peláez Hermanos, con pérdidas cercanas a los $800 millones. El hecho evidenció la capacidad logística de estas redes para movilizar grandes volúmenes de repuestos robados.
Un plan de acción en cinco frentes
Para enfrentar este fenómeno, Asopartes presentó una estrategia basada en cinco ejes:
- Control y trazabilidad: mayor inspección en fronteras, bodegas y comercio minorista, con serialización obligatoria en partes críticas.
- Compras seguras: promover la verificación de origen y certificación técnica en cada transacción.
- Judicialización efectiva: priorizar la receptación de autopartes y desmantelar las cadenas de distribución ilegal.
- Cultura del repuesto legal: campañas ciudadanas, sello de confianza en puntos de venta y listas blancas de proveedores certificados.
- Empleo y capacitación: programas técnicos en diagnóstico electrónico y seguridad activa, junto a políticas públicas que prioricen proveedores formales.
Impacto en la economía y la seguridad
El gremio advierte que cada pieza ilegal desplazada en el mercado formal significa menos ventas, menos innovación y menos empleos. Además, aumenta el costo de los seguros, limita la inversión en inventarios y eleva los riesgos en carretera por la circulación de partes sin certificación.
“La lucha contra el mercado ilegal de autopartes es, en última instancia, una apuesta por la seguridad vial, la protección del empleo formal y la sostenibilidad de la industria. Defender la legalidad es también defender el bienestar de los colombianos y la competitividad del sector motriz en el país”, concluyó Pineda Osorio.
Asopartes insiste en que combatir este fenómeno requiere una acción conjunta del Estado, los consumidores y el sector privado, y recuerda que cada compra en el canal formal es un voto contra el delito y a favor del empleo y la economía nacional.
