No se le dieron los milagros a Cielo

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Dos de las tres tutelas que interpuso para buscar regresar al poder le fueron falladas en contra. Un Juez de Neiva le interpuso una sanción penal de primera instancia que fue apelada. Ahora el diputado Orlando Ibagón le demandó por irregularidades en la concesión de licores.

La semana que pasó fue quizás una de las peores para Cielo González Villa, luego de aquella primera de diciembre cuando la Procuraduría ordenó ser retirada del cargo por acumulación de sanciones leves. Ésta vez no fue el Ministerio Público el responsable, sino la justicia ordinaria, que en dos oportunidades le negó dos tutelas que había interpuesto, argumentando violación a sus derechos en los procesos adelantados por la Procuraduría en su contra, con los que pretendía tener un chance para recuperar el poder.

Primero fue el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, el que le negó la opción de tumbar una de las sanciones hechas por el ente disciplinario. El fallo que se profirió el pasado 18 de enero rechazó por improcedente la acción interpuesta por cuanto la ex mandataria tiene a su alcance la acción judicial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, Cielo González debió interponer una acción de nulidad ante el Consejo de Estado y no una tutela, que se entiende como el último recurso al que se acude para restablecer unos derechos vulnerados.

Luego fue el pasado jueves el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el que le negó otra de las tutelas que la ex gobernadora puso en su afán de aferrarse al cargo. Una vez más el recurso le fue rechazado pues se consideró que los fallos de la Procuraduría solo se pueden anular ante un juez natural en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y a través de una acción de nulidad y no una tutela, es decir, le respondió exactamente lo mismo que el Juez Primero Penal especializado de Neiva.

Proceso penal
Pero como si no fuera suficiente las 4 sanciones que lleva en su contra la ex mandataria en los últimos 4 años, lo que determinó su salida del cargo, ahora se le suma un proceso penal que le reventó. Se trata de una demanda que le interpuso un docente del municipio de Campoalegre, quien fue trasladado al municipio de Palermo, pese a estar cobijado por el fuero sindical. La sanción de primera instancia que fue apelada, le podría generar una pena de cárcel a González Villa hasta de años. El fallo asegura

Demanda
Y a falta de más problemas, se le sumó un último. El diputado Orlando Ibagón le demandó a ella y al ex gobernador Luis Jorge Sánchez, ante el procurador general Alejandro Ordoñez Maldonado, por la presunta violación de la Constitución al haber celebrado convenios interadministrativos con la Fábrica de Licores de Antioquia en concesión durante los últimos años, para la contratación de la producción del Aguardiente Doble Anís, sin haber solicitado la respectiva autorización a la Asamblea del Huila.
Aunque por este caso el ex gobernador Sánchez fue inhabilitado en primera instancia y sancionado levemente en segunda instancia, Ibagón, autor de la demanda por el caso TIG SA que le representó la cuarta sanción leve a González Villa, cree que existió irregularidad en la celebración de dichos contratos y por eso presentó la demanda de más de 1.000 páginas, y cuyo argumento central es el debate que sobre el tema se realizó el año pasado en la Asamblea y que desató una discusión entre la ex mandataria y los diputados.

Último recurso
Algunos ‘cielistas’ miembros del gabinete de González Villa, aseguran que a la ex gobernadora aún le queda un recurso de los tres que interpuso, sin embargo éste ya no podrá regresarla al cargo. Se trata de otra tutela que interpuso buscando la nulidad del fallo del proceso de TIG SA, que se profirió el pasado 20 de diciembre y le fue notificado los primeros días de enero. De acuerdo a sus seguidores, la ex gobernadora alegó que su proceso ya había precluido, de acuerdo a la Le 734 de 2002, que establece que a los procesos disciplinarios se le vencen los términos a los 5 años de haberse iniciado. Y de acuerdo a la propia Procuraduría, dicho proceso fue aperturado en el 2008.
Sin embargo, este podría ser otro recurso que le sería negado, pues una sentencia del Consejo de Estado, y que se convirtió en circular de la Procuraduría, estableció que la primera instancia proferida en un proceso, hace que un proceso no precluya y en particular, el caso TIG SA, fue fallado en primera instancia el pasado mes de abril de 2012, lo que para el Ministerio Público rompió el vencimiento de términos al que la defensa de González Villa apela.

Por: Redacción Opanoticias