Opinión De Mario Benedicto Parra : Decide pueblo, decide
- ¿Quiere que empecemos a cambiar las costumbres y las prácticas corruptas de la clase política en la administración pública o prefiere que sigamos naturalizando la corrupción, cohonestando con los corruptos y exaltando a los ladrones que tumban al Estado?
- ¿Quiere que los corruptos sigan usando el soborno, las coimas, los sobrecostos, el chanchullo, el tráfico de influencias, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, el nepotismo y el despotismo para enriquecerse de un día para otro o prefiere que los pongamos en cintura para que no sigan robando?
- ¿Quiere que empecemos a combatir a los “clanes políticos” que se han conformado y perpetuado en los entes territoriales que corrompen las estructuras legales de la función administrativa o prefiere dejarlos tranquilos para que sigan disfrutando de sus fechorías?
- ¿Quiere que le sigan arrebatando al Estado 50 billones de pesos anualmente, que denuncia la Controlaría General por defraudaciones de muchos funcionarios, que en la mayoría de las veces actúan con complicidad de contratistas inescrupulosos o prefiere que les cerremos las puertas a los corruptos para no permitirles que sigan desangrando y dilapidando las arcas del Estado?
- ¿Quiere que pongan en su sitio a todos aquellos que metan sus manos sucias en los bienes del Estado y, por ende, de todo el pueblo colombiano, o prefiere que le sigamos acolitando que sigan despilfarrando los recursos públicos o apropiándose de ellos?
- ¿Quiere que los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado se reduzcan de 40.5 a 25 salarios mínimos mensuales vigentes o prefiere que sigamos permitiendo la enorme desigualdad salarial existente en Colombia?
Para su información, en algunos países ricos del mundo como Estados Unidos, un congresista gana 10 salarios; en Australia 8; en Canadá 7; en Francia 5 y en Inglaterra 4 salarios y medio. Aún a así, los congresistas colombianos estarán ganando mucho más que lo percibido en estos países. Hoy día no pagan impuestos sobre sus salarios, prerrogativa que tienen por ser los “padres de la patria”. Esto me parece impresentable moral y éticamente cuando en este país hay más de 11 millones de informales que devengan menos un salario mínimo.
Y no sólo es el salario excesivo, sino los beneficios que reciben: carros, escoltas, celulares, pasajes aéreos y 50 salarios mínimos para pagarle a los colaboradores personales en la Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). En total, cada congresista nos sale costando a los contribuyentes más de 100 millones de pesos mensuales.
Como si fuera poco, los congresistas sólo tienen de 98 a 100 días de sesiones, sólo unos pocos van a todas porque para ellos existe todo tipo de excusas justificadas, mientras un empleado normal trabaja mínimo 292 días al año, cumple estrictamente un horario y no puede faltar al trabajo aún si se enferma.
- ¿Quiere que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública vayan a cumplir sus penas en cárceles comunes y prohibirles contratar con el Estado de por vida o prefiere que los envíen a centros de reclusión especial, con cocineros privados, visitas cuando quieran, es decir, que los manden a verdaderos hoteles cinco estrellas?
Esta medida acabará obligatoriamente con el beneficio de la casa por cárcel y otros beneficios jurídicos y no se dejará a discreción de los jueces como existe hoy en día en las normas penales y en la Ley 1474 de 2011, de manera que los servidores públicos, los contratistas y los empresarios, deberán pensar bien mucho antes de caer en tentación de la corruptela.
- ¿Quiere que los presupuestos públicos del orden municipal, departamental y nacional se hagan con participación ciudadana o prefiere que los alcaldes, los gobernadores y todos los servidores públicos que manejan la chequera lo hagan al margen de la gente y sin concertar decisiones para manejar a su manera los impuestos que pagamos?
Si se aprueba este punto de la consulta, las partidas presupuestales deberán discutirse en público, de cara a los habitantes de cada municipio, departamento y el país. Este punto de la consulta permitirá una verdadera participación en democracia y destapará las verdaderas intenciones de los gobernantes que quieran hacerse los locos con la gestión administrativa y pública.
De igual forma, los presupuestos participativos atacarán el clientelismo y los favores personales, permitirá que los barrios, los corregimientos y las veredas puedan reclamar directamente los proyectos que necesitan y pedir el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos sin intermediarios politiqueros.
Debo aclarar que la Ley 1551 de 2012 introdujo los presupuestos participativos como herramienta para planear los recursos de libre destinación, pero no los hizo obligatorios, los dejó a discreción de los concejos y asambleas. Apoyar este punto hará que sean obligatorios.
- ¿Quiere que obliguemos a todas las entidades públicas a usar “pliegos tipo” en todos los procesos de contratación o prefiere que los gobernantes diseñen a su amaño las licitaciones y los contratos para que se los ganen las empresas y amigos que les financiaron sus campañas políticas?
Para su información, los “pliegos tipo” son documentos estandarizados con ciertas condiciones, en los cuales el Estado, debe establecer unos requisitos generales que los contratistas deben cumplir.
Si bien es cierto, este punto está en la reciente Ley 1882 de 2018 que obliga a usar pliegos tipo, también lo es, que solamente está establecido para los contratos de obras públicas, de manera que si este punto se gana en la consulta, será obligatorio en todo tipo de contratos: compraventa, suministro, asesoría, consultaría, interventoría, concesión, etc. Con este mandato se pretende acabar con la contratación a dedo para que haya verdaderamente transparencia. Estandaricemos los requisitos para que se abran las propuestas del mercado y le arrebatamos el negociado a los alcaldes, gobernadores y a todos los que manejan recursos públicos.
- ¿Quiere que los congresistas, diputados, concejales y ediles rindan cuentas de su asistencia, votación, gestión, iniciativas y debates, y además, hagan pública su declaración de renta y bienes o prefiere que sigan ocultando dicha información y obrando de espaldas a la ciudadanía?
Si se aprueba este mandato, habría un régimen común de rendición de cuentas para que todos los funcionarios de elección popular, hagan pública la información y faciliten que los ciudadanos puedan vigilar la gestión sin excepción alguna.
- Por último, ¿quiere desatornillar a los políticos del poder y del abuso en relación con el Gobierno y el presupuesto, y establecer que puedan estar máximo tres períodos en una corporación pública o prefiere que sigan atornillados de por vida? Este punto busca la renovación permanente de la política y de los partidos políticos.
Amigo lector, si usted quiere que empecemos a batallar contra la corrupción, que se volvió costumbre en este país porque ser corrupto paga, salga a votar el próximo 26 de agosto para que después no se lamente ni se queje.
Hoy, cuando la corrupción ha penetrado todas las ramas del poder público, tenemos una oportunidad de oro para decirles a los políticos y a los empresarios corruptos que estamos cansados de la corrupción; que estamos cansados de que se roben los impuestos que todos pagamos. Por eso, el compromiso ineludible es que todos los ciudadanos salgamos a votar masivamente la consulta, siete veces por el sí, como la mejor forma de enfrentar a los corruptos.
La consulta anti corrupción tiene la fuerza de ser política de Estado con obligatoriedad de cumplimiento porque es un mandato directo del pueblo para el Congreso. Si la consulta alcanza más de 12 millones de votos, de los cuales 6 millones 200 deben estar marcados con el “Sí”, el Gobierno queda obligado a presentar al Congreso proyectos de ley sobre los 7 puntos incluidos en ella y el Congreso estará obligado a aprobarlos dentro de un plazo no mayor a un año. En caso de que el Congreso no cumpla ese término, las normas serán sancionadas por el Gobierno. Así las cosas, no podrá desconocerse el mandato popular que deriva de la consulta. El resultado positivo de la consulta será una obligación que ni los congresistas ni el Gobierno podrán desacatar.
Es necesario recordar que en los últimos años se han hundido en el Congreso 8 proyectos de ley anti corrupción, lo que hace pensar que a muchos políticos no les interesa el tema y menos cuando de bajarse los salarios se trata, por el contrario, han convertido la corrupción en una oportunidad de enriquecimiento y privilegios.
Esperamos que ésta sea una votación sin precedentes, porque en caso de alcanzar el umbral requerido, será el inicio de la verdadera batalla contra la corrupción, para que los robos departamentales, municipales y todos los demás, puedan ser controlados por los ciudadanos; por ciudadanos llenos de patria y dispuestos a construir una nueva nación. ¡Hasta pronto!
