Opinión De Mario Benedicto Parra: Reforma a la justicia – Con diversas peculiaridades, la reforma a la justicia es uno de los reclamos más señalados en Colombia. Cuerpos normativos obsoletos, aparato de justicia rebasado, vulneración a la independencia judicial, improvisación de los cuerpos de investigación, abogados, jueces y fiscales incompetentes, por no decir mediocres, presupuestos insuficientes, sistema penitenciario desbordado e inundado de corrupción, intromisiones mediáticas, base social de la delincuencia organizada, visiones atrasadas del fenómeno delictivo, son, entre otros, factores corruptores del ejercicio pleno del acceso a la justicia como derecho humano.
Se debe liderar una propuesta para proveer soluciones mediante instrumentos eficaces, cuyo objetivo sea regular el acceso a la justicia con estándares de derechos humanos. Se debe señalar como ámbito de aplicación promover el acceso a la justicia a través de la información y orientación jurídica, los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de solución de conflictos; el fortalecimiento de los servicios de atención jurídica; y el establecimiento de directrices para la elaboración de políticas públicas para el acceso a la justicia, así como toda otra forma de satisfacer las necesidades jurídicas de la población.
La reforma debe contener aspectos importantes por abordarse: Información y educación en derechos, empoderamiento y orientación jurídica, mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de resolución de conflictos, acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y, políticas públicas para el acceso a la justicia.
Prácticamente, nuestro país debe renovar el poder judicial y reformar la justicia. La reforma a la justicia con sus múltiples aristas debe ser debatido con participación de los abogados litigantes que conocemos de antemano las lides de la profesión y no solamente por congresistas, pues son pocos los que han estado en el ámbito del litigio.
A riesgo de redundar sobre un asunto tantas veces diagnosticado y tantas veces eludido, apuntemos a proposiciones concretas, como desjudicializar los procesos ejecutivos que saturan la carga laboral de los funcionarios y empleados de la jurisdicción ordinaria civil ordinaria, mientas las soluciones a otra clase de procesos son cada vez más demorados. Estamos en un sistema que es más lo que se posterga que lo que se resuelve y como si no fuera poco, en muchos casos hay funcionarios a los que hay que rogarles para que resuelvan, negando el acceso de a las partes procesales y al abogado. El tema es complejo, nos vemos forzados a esperar con calma ante procesos interminables y alentar a quienes representamos.
Las soluciones son cada vez más urgentes, con paradigmas y mecanismos actuales: justicia abierta e independiente, nuevas tecnologías, participación ciudadana, por ejemplo.
La oportunidad llama a no seguir bordando en el aire decisiones inviables, mientras la realidad nos devora.
¡Hasta pronto!
